La apertura de playas —como si todas estuvieran cerradas— estaba prevista, inicialmente, para la Fase 3 del llamado «Plan de desescalada«, en el cual no se hace mención alguna a las piscinas.

No obstante, en el BOE de ayer, se publicó la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones… en aplicación de la FASE 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (si es nueva, ¿cómo puede ser normal?). Esta Orden contempla la apertura de playas y piscinas en dicha Fase 2.

Como ya todo el mundo sabe, la provincia de Málaga entrará mañana, Lunes, en la Fase 1. Por tanto, para cuando esté en la Fase 2 –que, en principio, será en dos semanas (1 de junio), si no se adelanta (25 de Mayo, como propone la Junta de Andalucía), ni se retrasa (lo cual no se puede, tampoco, descartar)–, las condiciones en la «reapertura» de piscinas y playas serían las siguientes (aunque, para entonces, puede haber alguna novedad sobre el particular):

(sic) Reapertura al público de las piscinas recreativas

1. Se podrá proceder a la apertura al público de las piscinas recreativas, quedando permitido el acceso a las mismas por parte de cualquier persona.

El aforo máximo permitido será del treinta por ciento de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros. En caso contrario se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con la distancia de seguridad.

Para calcular dicho 30%, hay que tener en cuenta que el aforo habitual de una piscina al aire libre es de 1 bañista por cada 2 metros cuadrados de lámina de agua y el de una piscina cubierta de 1 bañista por cada 3 metros cuadrados.

2. Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.

3. Con carácter previo a su apertura se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños.

Asimismo, se deberán limpiar y desinfectar los diferentes equipos y materiales como, vaso, corcheras, material auxiliar de clases, rejilla perimetral, botiquín, taquillas, así como cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación.

Se podrán utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

4. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las operaciones de depuración física y química del agua necesarias para obtener una calidad del agua de los vasos adecuada conforme a la normativa aplicable.

Medidas de higiene y prevención aplicables a las piscinas recreativas

1. Se procederá a la limpieza y desinfección diaria de la instalación. No obstante, en aquellas superficies en contacto frecuente con las manos de los usuarios, como pomos de las puertas de los vestuarios, o barandillas, se deberá llevar a cabo una limpieza y desinfección, al menos tres veces al día.

2. Se recordará a los usuarios por medios de cartelería visible o mensajes de megafonía las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.

3. En las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el resto de usuarios.

4. En el uso de los aseos, su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. Y, se deberá verificar que, en todo momento, estén dotados de jabón y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados.

5. No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios, ni de las fuentes de agua.

Uso de las playas

En el tránsito y permanencia en las playas, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias , y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física (¿se refiere a la mascarilla? Es decir, si no se puede guardar la distancias de seguridad de 2 metros, ¿se debe tomar el Sol con mascarilla?), de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos «deberían» ser de un máximo de quince personas, excepto en el caso de personas convivientes.

Además, en las playas, se adoptarán las medidas previstas en los números 2 a 5 del apartado anterior (medidas de higiene y prevención en piscinas recreativas).

Finalmente, en la Fase 2, se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo (¿jugar con pelota o paletas, si no está prohibido en la playa elegida?), siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, manteniendo una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

(Actualización 23.05.2020)

1. El tránsito y permanencia en las playas, así como la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, se realizarán en los términos antes vistos, siempre que en este último caso se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, y que se mantenga una distancia mínima de dos metros entre los participantes.
2. Se permite el uso de duchas y lavapiés al aire libre, aseos, vestuarios y otros servicios públicos similares. Su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso podrán contar con su acompañante. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos.
3. La ubicación de los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos similares se llevará a cabo de modo que se garantice un perímetro de seguridad de dos metros con respecto a otros usuarios, salvo en el caso de bañistas convivientes .
4. Las tumbonas de uso rotatorio deberán ser limpiadas y desinfectadas cuando cambie de usuario.
5. Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de acceso, que en todo caso será gratuito, como de aforo en las playas a fin de asegurar que se respeta la distancia interpersonal de, al menos, dos metros entre bañistas. Asimismo, a efectos de garantizar su disfrute por el mayor número posible de personas en condiciones de seguridad sanitaria, podrán también establecer límites en los tiempos de permanencia en las mismas, así como en el acceso a los aparcamientos en aras a facilitar el control del aforo de las playas.
   A efectos de calcular el aforo máximo permitido por cada playa, se considerará que la superficie de playa a ocupar por cada bañista será de aproximadamente cuatro metros cuadrados. Para dicho cálculo se descontará de la superficie útil de la playa, como mínimo, una franja de seis metros a contar desde la orilla en pleamar.
6. Los ayuntamientos asegurarán que se realiza una limpieza y desinfección de las instalaciones y bienes de las playas usando para ello sustancias que no resulten perjudiciales para el medioambiente.
7. Se recordará a los usuarios mediante cartelería visible u otros medios las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.
8. Las actividades de hostelería y restauración que se realicen en las playas, se regirán por lo establecido en esta orden para el régimen de hostelería y restauración, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable.
9. Los responsables de negocios de motos acuáticas, hidropedales y de cualesquiera otros elementos deportivos o de recreo deberán deberán ser limpiados y desinfectados antes de cada uso.

(Actualización 26.05.2020)

Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de acceso, que en todo caso será gratuito, como de aforo en las playas a fin de asegurar que se respeta la distancia interpersonal de, al menos, dos metros entre bañistas.
Asimismo, a efectos de garantizar su disfrute por el mayor número posible de personas en condiciones de seguridad sanitaria, podrán también establecer límites en los tiempos de permanencia en las mismas, así como en el acceso a los aparcamientos en aras a facilitar el control del aforo de las playas.
A efectos de calcular el aforo máximo permitido por cada playa, se considerará que la superficie de playa a ocupar por cada bañista será de aproximadamente cuatro metros cuadrados.

Es decir, lo que se suprime ahora es la fórmula de cálculo de dicho aforo. Ya que se elimina lo siguiente: «Para dicho cálculo se descontará de la superficie útil de la playa, como mínimo, una franja de seis metros a contar desde la orilla en pleamar«. Es decir, al no descontar los referidos seis metros, se aumenta el aforo.

En el Boletín Oficial del Estado se público ayer la Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Esta Orden entra en vigor a las 00:00 horas del 15 de Mayo y viene a establecer que:

1. Las personas procedentes del extranjero (es indiferente su nacionalidad) deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada.

2. Durante el periodo de cuarentena deberán permanecer en su domicilio o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos a la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Todos los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla.

Las agencias de viaje, los tour operadores y compañías de trasporte deberán informar a los viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino a territorio español.

Ahora bien, lo anterior hay que contemplarlo a luz de la Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta Orden estará en vigor desde las 00:00 horas del 15 de mayo de 2020 y hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020.

Del mismo modo, mediante las Órdenes INT/283/2020, de 25 de marzo, INT/335/2020, de 10 de abril, INT/368/2020, de 24 de abril, e INT/396/2020, de 8 de mayo, se han prorrogado sucesivamente tales controles en las fronteras interiores terrestres hasta el 23 de mayo de 2020, inclusive. Es decir, hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020.

Para lo que aquí interesa, dichas órdenes sólo permitirán la entrada en el territorio nacional por vía aérea, marítima o terrestre a las siguientes personas:
a) Ciudadanos españoles.
b) Residentes en España, debiendo acreditar su residencia habitual. (Ejemplo: un británico que tenga una vivienda en España, pero no esté empadronado en ésta, no podrá entrar en territorio nacional)
c) Trabajadores transfronterizos.
d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral.
e) Aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. (Quién no se encuentre en ninguno de los tres casos anteriores, ni tampoco sea personal diplomático, tendrá que justificar fuerza mayor o situación de necesidad, como, por ejemplo y Dios no lo quiera, el fallecimiento de un familiar)

No obstante, para los que utilicen algún transporte terrestre, en pura lógica, se establece un supuesto más: residentes en otros Estados miembros o Estados asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia.

Piense, por ejemplo, en un residente en Francia, que se encuentra accidentalmente en Portugal, y se ve obligado a volver, por carretera, a su residencia habitual.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional número 59/2017, de 11 de mayo,  cuyos precedentes son las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, relativas a los artículos 1, 4 y 7.4 de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los Territorios Históricos de Gipúzcoa y Álava, respectivamente, declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), aunque sólo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.

Posteriormente, y como consecuencia de dicha declaración, algunos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Salas de Tribunales Superiores de Justicia del mimo orden estimaron que, al haber sido declarados inconstitucionales los citados preceptos y, por tanto, expulsados de la normativa del tributo, no podía girarse liquidación alguna por el impuesto de plusvalías —ni en caso de decremento de valor del terreno, ni de incremento—, y que las giradas debían ser anuladas, sin perjuicio del derecho de la Administración a girar nuevas liquidaciones una vez el legislador adapte la normativa al mandato constitucional, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción. Adaptación que, a pesar del tiempo transcurrido desde la STC 59/2017, aún no se ha producido. Es, la mal llamada, teoría maximalista.

Llegada la cuestión al Tribunal Supremo, ha sido éste el que ha venido a determinar el alcance de aquella declaración de inconstitucionalidad, ya que no es posible afirmar que la repetida STC fuese, precisamente, ejemplo de claridad.

Así, la STS, Sala de lo Cont-Advo, Sección 2ª, número 1715/2018, de 12 de diciembre, fija los siguientes CRITERIOS INTERPRETATIVOS sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del TRLHL, a la luz de la STC 59/2017:

1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE⁽¹⁾.

2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro modo, porque «imp[ide] a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7,y 37/2017, FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.

En el mismo e idéntico sentido, se pronunciaron, antes, otras STS (1588/2018, de 6 de nov.; 1601/2018, de 8 de nov.; 1648/2018, de 21 de nov.).

Recientemente, la STS, Sala de lo Cont-Advo, Sección 2ª, número 312/2020, de 03 de marzo, ha reiterado que:

• corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido,
• que es válido a tal efecto cualquier medio de prueba de los admisibles en derecho,
• que no cabe atribuir al interesado la carga de probar la pérdida patrimonial por medios distintos al de la exhibición de las escrituras de adquisición y enajenación,
• que no es exigible una prueba pericial para acreditar que se ha experimentado la minusvalía que situaría la transmisión efectuada fuera del ámbito objetivo de la aplicación del tributo y
• que una vez aportados aquellos documentos (escrituras) se traslada a la administración la carga de probar que los datos que figuran en las mismas no son correctos.

A pesar de la claridad, reiteración y publicidad de las anteriores resoluciones judiciales, algunos aplicadores del tributo (Ayuntamiento, Patronato de recaudación,…) parecen no haberlas leído y, si lo han hecho, no haberlas entendido, desde el punto y hora en que siguen girando liquidaciones por el concepto de plusvalías, a pesar de que los sujetos pasivos del impuesto solicitaron, expresamente, la declaración de no haber lugar a girar liquidación alguno, a cuya solicitud acompañaron las correspondientes escrituras de adquisición y transmisión del inmueble, acreditativas de la pérdida patrimonial sufrida.

En todo caso, los aplicadores del tributo debieron, previamente, iniciar el procedimiento de comprobación de valores (artículo 115 y ss de la Ley General Tributaria) para acreditar, en contra de lo alegado por los sujetos pasivos, que se ha producido una ganancia patrimonial expresiva de capacidad económica susceptible de imposición, pues sobre ellos pesa la carga de la prueba.

^{(1) Artículo 31.1 de la Constitución española: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de cuando con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.}